Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

Qué es el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados


El impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), más conocido como el impuesto de las hipotecas, es un impuesto sobre la escritura notarial, que se aplica a documentos notariales, mercantiles y administrativos. Este impuesto supone un gran gasto para los ciudadanos ya que puede superar el total de todos los demás gastos de la hipoteca juntos (representando este gravamen hasta el 70% del total de gastos). Por ejemplo, para un préstamo de 100.000€, la responsabilidad hipotecaria, puede ascender hasta los 125.000€ o los 200.000€, dependiendo de la entidad financiera con la que se realice la hipoteca.

Dentro de la Unión Europea, España es el país con el mayor “impuesto sobre las hipotecas” o Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, situándose por encima de países como Francia, Italia o Portugal, donde es el cliente el encargado de pagar dicha tasa, mientras que países como Alemania, Reino Unido u Holanda no tienen este tipo de gravamen.

El porcentaje correspondiente varía dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se formalice el préstamo y del importe de la hipoteca, oscilando entre el 0.5% y el 1.5% de la cifra de compraventa, dentro de la geografía española. Las Comunidades que aplican un gravamen mayor (1.5%) son Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Cataluña, Galicia y Murcia, por el lado contrario, las Comunidades que aplican un menor porcentaje (0.50%) son Ceuta, Melilla, Navarra y el País Vasco. Castilla-La Mancha por su parte aplica un 1.25%, Asturias, Baleares y Extremadura, aplican un gravamen de un 1.2%, Canarias, Cantabria y La Rioja aplican un 1%, mientras que Madrid aplica una tasa de un 0.75%, más baja que la media de España, contrastando con el alto precio de los alquileres en la capital. Sin embargo, muchas Comunidades Autónomas ofrecen reducciones o extinciones, destinadas a facilitar el acceso a la vivienda, para jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas…

Como anteriormente mencionamos, en países como Francia, Italia o Portugal, donde es el cliente el encargado de pagar dicha tasa, en España, durante los últimos años, hemos vivido un debate sobre quién tiene la obligación de pagar dicho impuesto, si el usuario o bien la entidad financiera. Finalmente, el pasado mes de marzo, se estableció que serían los bancos los encargados de pagar el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) a las comunidades autónomas, sin embargo, si la modificación del préstamo tiene un contenido económico (ampliación del periodo de carencia o la TAE, Tasa Anual Efectiva o Equivalente), se deberá pagar el impuesto, no en su totalidad, como ocurría antes de la reforma, sino el contenido económico de las cláusulas modificadas. Finalmente, dentro de la reforma, se incluye un apartado que aclara que cuando se trate de escrituras de préstamos con garantía hipotecaria se considera como sujeto pasivo al prestamista, además, las entidades financieras no podrán deducir este pago dentro del Impuesto sobre Sociedades, como forma de respaldar al cliente. El gobierno está estudiando la creación de una Autoridad Independiente de Protección de Clientes Financieros, evitando de esta forma, futuras cláusulas abusivas que repercutan a los ciudadanos.

Ahora todos los que estéis leyendo este post , estaréis pensando, ¿y ahora, qué tengo qué pagar?

Todo cliente, al contratar una hipoteca con su entidad financiera, debe formalizar dos tipos de gastos ,por una parte están los gastos los correspondientes al proceso de compraventa (escritura de la vivienda) y por otra parte los gastos de constitución del préstamo hipotecario, estos últimos en ciertas partidas, corren a cuenta del usuario (titular del crédito hipotecario). La actual reforma, estipula que los gastos notariales, gestoría y gastos del registro de la propiedad, no tienen que ser aplicados a los consumidores, y pueden ser reclamados por los clientes a los bancos, reclamando hasta la mitad de lo pagado por los anteriores conceptos, menos en el concepto de gastos del registro de la propiedad, donde se da derecho al cliente a recuperar el total de lo abonado.

En caso de que queramos como clientes, ejercer nuestro derecho de no pagar dichos gastos, deberemos en un primer lugar reunir todas las facturas de las partidas abonadas tras la formalización del contrato, interponer una reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente e la entidad, en caso de que no obtengamos respuesta de la entidad, deberemos elevar la queja al Banco de España, pese a que no es vinculante, nos sirve para realizar una nueva reclamación dentro de nuestra entidad financiera. Finalmente si el banco aún no ha aceptado nuestra reclamación, deberemos interponer una demanda antes los juzgados.