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La Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción  ha trasladado al Gobierno ante el RD-L 8/2020 diferentes cuestiones que sintetizan claramente:

  1. En caso de paralización de obra pública, el pago de gastos contraídos no puede afectar únicamente el contratista principal, sino a toda la cadena de valor, en la que estamos los suministradores de material, quienes sí asumimos buena parte del riesgo de dicho suministro así como el de su producción.
  2. Los contratistas principales han de cumplir, fehacientemente, con los pagos a sus suministradores en el plazo legal.
  3. La Industria se compromete a garantizar el nivel de producción que le requiera la obra normal y, en especial, cualquier contingencia necesaria para facilitar las peticiones de la Administración en esta crisis. Todo ello, elevando al máximo los protocolos de protección sanitaria de sus trabajadores.
  4. Las facilidades de liquidez se están negando a los CNAEs de la Industria de materiales. Esto no puede ocurrir en este momento. Exigimos un cambio oportuno.
  5. Se debe aclarar que los almacenes de materiales tienen prohibida minorista pero no así la mayorista o el suministro directo a obra.
  6. Se debe facilitar, cuando se obligue a bajar o para la producción, la reducción en paralelo de los términos fijos de consumo de gas y electricidad.